nte con los intereses ge¬nerales del sector.
a Cortés Conde (El progreso argentino, Buenos Aires, Suda¬mericana, 1956) sostiene que la Conquista se debe en primera instancia a un “disuativo importante para las pretensiones chilenas sobre la Patagonia”. El autor trata de justificar la acción latifundista adoptando posiciones reaccionarias con un ropaje moderno.
b La Pampa, Buenos Aires, 23 de mayo de 1875. En Villa Mercedes, San Luis, hacendados de esa región adquieren ganado robado por los indios.
c El Porteño, Buenos Aires, 18 de abril de 1879. Sobre la indudable relación de la conquista del desierto y los intereses
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Se desata una incontenible pasión de lucro y acapa¬ramiento. Compradores de tierras, especuladores y capi¬talistas acompañan a la expedición de Roca interesados en ver personalmente los campos que están detrás de la segunda línea de frontera, elegir los mejores lotes y determinar aguadas y arroyos. Y asimismo conocer las características de los pastos, una circunstancia siempre presente en las memorias militares.
Pero no es todo. En determinado momento se pro¬rroga el término para que se inscriban los interesados en obtener las tierras que iban a incorporarse. La verdad es que dan tiempo a la siempre insatisfecha avidez de los compradores que esperan recibir los informes sobre la calidad de las tierras “conquistadas” y las recomen¬daciones de los jefes y oficiales superiores”. Turner, un inglés, tiempo más tarde describe sin ningún reparo las “comisiones” que en los más altos niveles abren todas las puertas y logran las más importantes concesiones^.
Era, qué duda cabe, la verdadera visión de la “con¬quista”, del “espíritu de frontera” propio del modelo argentino que ha de asociarse a los envíos de carne enfriada a Europa. Y también, desde luego que sin nin¬guna duda, a la idea subyacente entre los menos del país y de la que se hace eco el general Roca al exclamar en el Congreso Nacional con motivo de plantearse la nece¬sidad de expandir la frontera (13 de setiembre de 1878), que “la raza más débil (el indio), la que no trabaja, tiene que sucumbir al contacto de la mejor dotada, ante la más apta para el trabajo”. Todo, en esa dirección, estaba decidido. Lentamente, pero sin pausa, se preparaba en las antesalas del Congreso la enajenación de la tierra,
ganaderos cf. Adolfo E. Dávila, Traslación de las fronteras al Río Negro. Consideraciones generales sobre la importancia que tiene con relación a la industria rural, Buenos Aires, Coni, 1878.
a Sobre esas y otras circunstancias escribe varios artículos Luis Dabreu en El Porteño (Buenos Aires, 31 de mayo de 1879 y días subsiguientes).
” Tomás A. Turnei, Argentina and the argentines. Notes and impressions of a five years soyourn in the Argentine Re-public, 1895-1890, London, 1892.
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interviniendo en los proyectos los sectores interesados en el dominio de ésta, los círculos a los que reiterada¬mente aludimos.
No había transcurrido un mes. Dotados de un extra¬ordinario sentido de organización, la ley del 5 de octu¬bre de 1878 determina (artículo octavo) que la tierra conquistada al indio se divida en lotes de diez rnil hec¬táreas, mensurados y convenientemente registrados. Establecen un precio uniforme de cuatrocienos pesos la legua cuadrada, y se aclara: “la enajenación no po¬drá hacerse sino por área de cuatro leguas cuadradas y también podrá adjudicarse más de tres áreas a nombre de una misma persona”. Este último punto en ningíin momento se cumple, otorgándose no pocas veces a un mismo comprador superficies que superan dos y tres veces el máximo establecido. Por otra parte, se impo¬sibilita desde todos los ángulos posibles que se esta¬blezcan pequeños y medianos propietarios. Esa aspira¬ción de predominio de los menos y de pobreza para los más lo determinamos en las acusaciones expuestas en la Memoria del ministerio del Interior del año 1891. Dicen en aquel momento lo que hoy otros desean justificar o, tal vez lo peor, tratan de esconder. He aquí la palabra del funcionario:
“Se ha cedido sin duda a un móvil de esta especie cuando últimamente se dieron facilidades extremas a los solicitantes de tierras públicas entregándoles super¬ficies considerables sin obligarles a la explotación, mensura y división de las concesiones, ni menos a su población. . . todo lo que en definitiva, en vez de ace¬lerar, debía aplazar indefinidamente la colonización de los territorios nacionales, que fue el designio anticipa¬do del legislador”".
Los contratos de venta ordenaban a los compradores a poblar sus tierras con familias de agricultores, “condi¬ción legal de todas las adjudicaciones” y una circuns¬tancia que nadie ha de cumplir. No se trata de colonos a quienes debían entregar parcelas en propiedad, son
” Memoria del ministerio del Interior…, p. 15. 196

simplemente “aparceros” o “tanteros”. “No debieron consentir -acusan en la Memoria de 1891 en relación a hechos ocurridos en los momentos de la Conquista del Desierto— que una persona o empresa colonizadora acumule grandes extensiones de tierra, ya sea por conce¬sión directa, ya por cesión de los primitivos concesio¬narios, contrariando así expresamente la ley y perjudi¬cando los intereses públicos”. Se decide que sean de¬vueltas tres mil leguas cuadradas de las seis mil adju¬dicadas pues a diez años de su venta no se había cum¬plido con lo estipulado: la construcción de viviendas y la plantación de árboles. De todas maneras nadie, a pesar de lo dispuesto, devolverá una sola legua o se le cuestionarán los títulos. Grandes latifundistas, socie¬dades ganaderas y familias influyentes obtienen en poco tiempo fortuna y prestigio. Pero es más, finalizada la adjudicación se siguen ofreciendo suertes de estancias a los privilegiados del régimen”.
Y también los “premios militares”. De acuerdo a lo establecido por el ministro del Interior el 13 de diciem¬bre de 1890, una comisión habría de establecer la nómi¬na de los expedicionarios al Río Negro para que poste¬riormente se les acordase en propiedad la tierra que por ley les correspondiese. Se hacía especial referencia a los soldados ya que los jefes y oficiales fueron los primeros en recibir sus suertes de estancia. Y a pesar de todos recaudos que se habían puesto para el cumplimiento fiel de las normas de la ley de premios militares del 5 de setiembre de 1885, en el reparto intervinieron no pocos, se dice, “que no son militares ni hicieron cam¬paña”. La apropiación por parte de terceros de la mayor parte de los pequeños lotes que se adjudican a los sol¬dados, de una preocupación perfectamente organizada con ese fin, escapa, aunque no es ajena, al tema que nos ocupa.
” Escribe Sarmiento a su amigo José Posse el 13 de marzo de 1888: “Se han prodigado tierras públicas al general A. y le han dado con otros, veinte leguas a cuatrocientos pesos, violando el decreto que dejó clausurada la ley de tierras, para hacer presiden¬te a Roca” (Museo Sarmiento, Epistolario entre Sarmiento y Posse, Buenos Aires, 1946, t. II, p. 287.
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El silencio y las complicidades que habían escon¬dido la realidad del dominio se rompe, al menos mo¬mentáneamente, después de los sucesos revoluciona¬rios de 1890. Y precisamente es el director de la Ofi¬cina de Tierras, el liberal Nicasio Oroño, una de las figu¬ras más prominentes entre los reformadores que propi¬cia relaciones sociales más acordes con las nuevas cir¬cunstancias económicas, el que levanta su voz acusado¬ra para denunciar todos los males e injusticias. Su ges¬tión, apenas advierten los grandes propietarios las inten¬ciones que lo guían, es motivo de duras críticas, de ma¬nera especial desde el periodismo interesado en la defen¬sa de quienes habían medrado gracias a las irregulari¬dades. A pesar de todo, sin abandonar su deber responde con valentía a las acusaciones. Y antes de señalar los nombres y las acciones de quienes habían acumulado en propio beneficio la • tierra pública incorporada poco antes al patrimonio nacional, una realidad que investiga en el archivo de la institución que preside, expone los hechos más generales. Es la confesión, fuerza es de¬cirlo, de un doctrinario convencido que desea poner en práctica sus ideas. Dice entonces:
“Si solamente se tratase de la defensa de mi posición oficial o de mi nombre. . . colocaría los hechos más cul¬minantes de la vida de mis detractores, su fortuna inso¬lente y los medios que se han valido para adquirirla a costa del pueblo; sus concesiones de ferrocarriles, obte¬nidas ayer y vendidas hoy por cien mil libras esterlinas; su adulación a los malos gobiernos para poder ser admiti¬dos en Directorios de los bancos, que no eran otra cosa que máquinas de esquilmar y arruinar al país. Recordaría que esos mismos hombres, que hoy predican moral, fueron los que defendieron con el entusiasmo de un em¬presario la venta de los ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires, uno de los actos más vergonzosos de la época pasada. Publicaría la exposición que más de trein¬ta colonos de Olavarría -me han remitido, haciéndome saber que las tropelías e iniquidades perpetradas por uno de los mismos predicadores de la moral que, apoya¬do por la policía, trata de despojarlos de la tierra que
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han valorizado con muchos

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